La fiscalización digital ha transformado los mecanismos de supervisión y control en diversas áreas, incluyendo la prevención de lavado de dinero (PLD). Con el avance de tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data y la automatización, las autoridades reguladoras han optimizado la detección de actividades ilícitas, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.

La gran velocidad de la evolución tecnológica y digital repercute en diversos ámbitos de la vida cotidiana, y la parte fiscal no es ajena a estos cambios. El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) se ha convertido en la base de la fiscalización y control tributario por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien con la emisión del CFDI tiene acceso inmediato a las operaciones de las empresas, lo que ha cambiado la dinámica de las auditorías fiscales. Con estos cambios el SAT en los últimos ejercicios ha optimizado y utilizado la base de datos con la que cuenta a partir de la información que recibe a través del CFDI (análisis de datos en materia fiscal) para optimizar sus procesos de fiscalización, de acuerdo al comunicado 50-2024 del 17 de septiembre de 2024, el SAT informo que en el sexenio de 2018 a agosto de 2024, la eficiencia recaudatoria creció un 190.3%.

Las principales obligaciones que tienen los contribuyentes que se ubican dentro del régimen de precios de transferencia vigente, se encuentran contempladas tanto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), como en el Código Fiscal de la Federación (CFF), apoyándose de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF). Las obligaciones generales en esta materia existen tanto para personas físicas como para personas morales. Sin embargo, para efectos del presente artículo, nos vamos a enfocar en las personas morales