Políticas fiscales con rostro humano: la nueva hoja de ruta de la CIDH para las Américas

La Resolución 2/26 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos marca un antes y un después al vincular impuestos, presupuesto y deuda pública con la garantía de los derechos fundamentales. ¿Qué significa para México y la región?

Introducción: Cuando el dinero público encuentra su propósito

Tradicionalmente, hablar de política fiscal evocaba gráficas de recaudación, metas de déficit y negociaciones técnicas en ministerios de hacienda. La ciudadanía común rara vez conectaba el pago de impuestos o los recortes presupuestarios con la violación de derechos humanos. Sin embargo, el 28 de abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rompió ese aislamiento conceptual.

Con la adopción de la Resolución No. 2/26 “Políticas Fiscales y Derechos Humanos en las Américas”, el Sistema Interamericano estableció por primera vez estándares hemisféricos que obligan a los Estados —incluido México— a diseñar, ejecutar y evaluar sus decisiones fiscales con un lente centrado en las personas.

No se trata de un documento académico más. Es una resolución vinculante en espíritu y argumentación jurídica, que recoge obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador y la Carta de la OEA. Su mensaje es claro: los impuestos no son una carga técnica, sino un instrumento para la justicia social; el presupuesto no es una lista de números, sino la traducción financiera de compromisos éticos; y la deuda pública no puede justificar la aniquilación de derechos.

¿Por qué ahora? El contexto de desigualdad que exige acción

La CIDH no actúa en el vacío. La resolución responde a un hemisferio marcado por persistentes desigualdades estructurales. Según datos de la CEPAL citados en el documento, en 2024 el 25.1% de la población de América Latina y el Caribe vivía en pobreza y el 9.8% en pobreza extrema. Más alarmante aún: el decir más rico concentraba un tercio del ingreso total nacional, mientras que el decir más pobre no alcanzaba ni el 2%.

Esta fotografía muestra un continente donde los sistemas tributarios han sido, con frecuencia, regresivos —cargando más a quienes menos tienen— y el gasto social ha resultado insuficiente o mal distribuido. La pandemia de COVID-19, las crisis inflacionarias y los embates de la emergencia climática no hicieron más que profundizar estas brechas.

Frente a este panorama, la CIDH afirma que no es posible analizar la eliminación de la pobreza sin tener en cuenta la política fiscal. Y va más allá: advierte que la baja recaudación, los regímenes tributarios inequitativos, las exenciones injustificadas y el endeudamiento insostenible no son solo problemas económicos, sino violaciones sistémicas a derechos humanos.

Los principios que cambian las reglas del juego

1. Orientación a derechos humanos

Los Estados deben orientar sus decisiones de recaudación y asignación de recursos a la garantía de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). En otras palabras: el fin último de la política fiscal no es el equilibrio contable, sino la vida digna de las personas.

2. Igualdad y no discriminación transversal

Las políticas fiscales deben abstenerse de producir efectos discriminatorios, incluso indirectos. Esto implica revisar si ciertos impuestos afectan desproporcionadamente a mujeres, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes o personas con discapacidad.

3. Progresividad y no regresividad

Quizás el principio más potente: los Estados deben avanzar progresivamente en la garantía de derechos y no pueden adoptar medidas regresivas —como recortes al gasto social o aumentos de impuestos a los más pobres— salvo en circunstancias excepcionales, temporales y debidamente justificadas.

4. Movilización del máximo de los recursos disponibles

No basta con gastar bien lo que se tiene; los Estados tienen la obligación de ampliar su espacio fiscal. Esto significa fortalecer la capacidad recaudatoria, combatir la evasión y elusión fiscales, revisar beneficios tributarios injustificados y luchar contra la corrupción.

5. Participación y transparencia

La ciudadanía no puede ser espectadora. Los Estados deben garantizar mecanismos participativos en todo el ciclo fiscal —desde la elaboración del presupuesto hasta su evaluación— y producir información clara, oportuna y desagregada que permita el escrutinio público.

Tributación: más allá de la recaudación

Uno de los capítulos más innovadores de la resolución es el dedicado a la tributación. La CIDH no solo pide sistemas progresivos (donde quien más tiene, más aporta), sino que introduce elementos disruptivos:

Impuestos indirectos y protección a los más pobres

Los impuestos al consumo, como el IVA, suelen golpear con más fuerza a los hogares de bajos ingresos. La resolución ordena revisar periódicamente esta tributación y adoptar medidas para evitar efectos desproporcionados, como exenciones para bienes esenciales, tasas diferenciadas o devoluciones focalizadas.

Perspectiva de género y economía del cuidado

Por primera vez, un instrumento interamericano vincula directamente la política fiscal con el trabajo de cuidados no remunerado —realizado mayoritariamente por mujeres. Los Estados deben considerar medidas tributarias que reduzcan desigualdades de género, favorezcan la participación laboral femenina y reconozcan el valor económico de los cuidados.

Fiscalización con garantías

Combatir la evasión fiscal es obligatorio, pero no a cualquier costo. La resolución exige que las facultades de auditoría y sanción respeten el debido proceso, la defensa y la proporcionalidad. Prohíbe explícitamente usar la fiscalización para persecución política o restricción injustificada de otros derechos.

Presupuesto y gasto público: donde los derechos se financian

La resolución dedica especial atención al presupuesto público, al que define como “el instrumento esencial para traducir los compromisos normativos en acciones estatales concretas”.

Protección reforzada de los niveles mínimos esenciales

Los recursos necesarios para garantizar el mínimo vital de derechos como salud, educación o alimentación gozan de protección especial. Ni siquiera en contextos de crisis económica o ajuste fiscal pueden recortarse sin una justificación extraordinaria.

Austeridad con límites

Las medidas de austeridad que impliquen reducciones regresivas del gasto social están prácticamente prohibidas. Solo pueden adoptarse de manera excepcional, cuando se demuestre estrictamente que son temporales, necesarias, proporcionales y que no existen alternativas menos lesivas.

Sistemas integrales de cuidados

La CIDH va más allá de las declaraciones genéricas y exige asignaciones presupuestarias adecuadas, estables y progresivas para desarrollar sistemas de cuidados. También ordena incluir el trabajo de cuidados no remunerado en las estadísticas oficiales y evitar recortes en servicios de atención primaria, educación inicial y apoyos a personas mayores o con discapacidad.

Deuda pública: el fantasma que puede devorar derechos

Uno de los aportes más valiosos de la resolución es su tratamiento de la deuda pública, un tema tradicionalmente reservado a tecnócratas financieros. La CIDH advierte que el endeudamiento insostenible, la carga excesiva del servicio de la deuda y ciertas condicionalidades fiscales pueden comprometer la continuidad de políticas públicas y la prestación de servicios esenciales.

Los Estados deben evitar que el pago de la deuda estrangule el gasto social. Y, cuando participan en instituciones financieras internacionales, deben rechazar condicionalidades que violen derechos humanos.

México frente al espejo: desafíos y oportunidades

Aunque la resolución tiene alcance hemisférico, para México representa un termómetro jurídico y político de enorme relevancia. El país enfrenta varios de los problemas que la CIDH identifica como críticos:

• Baja recaudación y dependencia petrolera.
• Alta informalidad y evasión fiscal.
• Dependencia de impuestos indirectos.
• Brechas estructurales para pueblos indígenas y afro mexicanos.
• Falta de consolidación de un sistema nacional de cuidados.

El camino por recorrer: institucionalidad fiscal con enfoque de derechos

Quizás el mandato más transformador de la resolución es que los órganos fiscales tradicionales —ministerios de hacienda, bancos centrales, autoridades tributarias y entidades de auditoría— deben integrar los derechos humanos en sus mandatos, decisiones y prácticas.

Conclusiones: una revolución silenciosa pero profunda

La Resolución 2/26 no es un documento más de buenas intenciones. Es un estándar interamericano que coloca a las personas en el centro de la política fiscal, obligando a los Estados a rendir cuentas no solo por el equilibrio de sus cuentas, sino por el impacto de sus decisiones tributarias y presupuestarias en la vida concreta de la ciudadanía.

Para México, representa una oportunidad histórica para repensar su arquitectura fiscal con justicia social, combatir privilegios fiscales injustificados, proteger el gasto social como inversión en derechos y abrir la discusión presupuestaria a la participación ciudadana real.

La pregunta ya no es si la política fiscal debe tener rostro humano. La pregunta es cuánto tardarán los Estados de las Américas, y México en particular, en asumir esta hoja de ruta como propia.

Bibliografía

• Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
• CIDH. Resolución No. 2/26. Políticas Fiscales y Derechos Humanos en las Américas . Documento No. 67. Adoptada el 28 de abril de 2026
• CIDH. Políticas públicas con enfoque de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 191/18, 15 de septiembre de 2018.
• CIDH. Pobreza y derechos humanos en las Américas. OEA/Ser.L/V/II.164 Doc. 147, 7 de septiembre de 2017.